Resumen: La recurrente impugna la resolución por la que se le deniega la ayuda económica a que se refiere el título I del Real Decreto Ley 5/2021 de medidas extraordinarias de soporte a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia de la Covid-19. La denegación se fundamentó en que la solicitante " no se encuentra al corriente de obligaciones tributarias con la AEAT" a la fecha de la solicitud. Extremo que niega la recurrente. Se dan a este respecto certificados contradictorios, pero la parte actora conviene, que con los certificados positivos de fechas 5 y 7 de junio de 2021, la recurrente adquirió una expectativa del derecho de recibir la ayuda y que confió en que su validez amparaba la certeza de no tener ninguna deuda a día de la solicitud, por lo que los certificados negativos posteriores no deben ser tenidos en cuenta por la Administración demandada, al ser contrarios a los actos propios de la AEAT y haberle causado indefensión. El caso es que la actora dejo pasar luego los plazos de liquidación voluntaria sin hacer los pagos y entonces la certificación expedida antes de que la deuda entre en período ejecutivo no es un aval para dejar de pagar las deudas en período voluntario agotado antes de la concesión de las ayudas y es la entidad demandante la responsable del impago y de las consecuencias negativas en la desatención de sus obligaciones.
Resumen: Beneficiario de prestación de desempleo, que se ausentó de España para visitar a su madre afectada de una enfermedad crónica descompensada del 18/03/21 al 23/03/22, impugna la resolución administrativa que acuerda la extinción por sanción y el reintegro de prestaciones indebidamente percibidas. La instancia desestima la demanda. La sentencia comentada accede a una revisión fáctica y confirma la decisión del Juzgado considerando que, concurren todos los elementos del tipo infractor, ya que el demandante salió al extranjero durante más de 90 días sin comunicarlo al SPEE, no constando causa que lo hubiera impedido, y, no obstante las restricciones de movilidad por la emergencia sanitaria, al ser residente en España, ningún obstáculo legal tenía para regresar a territorio nacional.
Resumen: Denegada la prestación por IPT a una propietaria de una cafetería, RETA, demanda y se le desestima. Recurre y se estima. La Sala expone el canon de enjuiciamiento. La IPT se define en atención a un doble parámetro: de un lado, las mermas funcionales de carácter previsiblemente definitivo que ocasionan al presunto incapaz a las lesiones o enfermedades que padece, y, de otro, los cometidos y requerimientos de su oficio habitual. La o las patologías no son lo determinante, sino los déficits permanentes. De otro lado, la aptitud para el desempeño de la ocupación que constituye el medio de vida de la trabajadora no se puede medir en función de la mera posibilidad de un ejercicio esporádico de algunas labores específicas, sino de la capacidad para llevar a cabo aquellas que constituyen su núcleo esencial con la necesaria profesionalidad y conforme a las exigencias mínimas de continuidad, dedicación y eficacia que todo trabajo comporta, y sin poner en riesgo su integridad física y su salud. Se utiliza como referencia la Guía de Valoración Profesional del INSS que fija la valoración de los requerimientos profesionales a efectos de la toma de decisiones en materia de incapacidad.
